El 18 de abril, Miquel Àngel Mas y Francesc Segura, abogados y socios de DMS Legal, junto con Laura Vallès, Abogada y Directora del Instituto de Familia del despacho, impartieron una charla, en la Academia de la Policía Local de Palma, sobre un tema de creciente relevancia social: el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. En ella, trataron la complejidad de este fenómeno desde una perspectiva legal, equilibrando derechos fundamentales con principios rectores.

Derechos en juego

Durante la charla, se exploró el delicado equilibrio entre derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad, frente al derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna que tan solo es un principio rector de nuestra Constitución. Estos temas resaltaron los desafíos legales y éticos que enfrentan tanto propietarios como ocupantes.

Intervención mínima del Derecho Penal

Se destacó el principio de intervención mínima del derecho penal, subrayando la importancia de utilizar el derecho penal solo cuando es estrictamente necesario y cuándo otros medios, como el derecho civil, puedan ser insuficientes.

Delitos, penas y actuación policial

Explicaron los distintos delitos asociados con la ocupación ilegal, desde la usurpación pacífica hasta el allanamiento de morada, y las posibles penas que estos conllevan. También se abordaron las facultades y responsabilidades de la policía en la detección y gestión de estos casos, siempre actuando dentro del marco legal y respetando los derechos individuales.

Procedimientos civiles: Una opción preferible

Además, se sugirió considerar los procedimientos civiles como una opción viable para abordar casos de ocupación ilegal, aunque no exentos de demoras. Estos procedimientos, si bien pueden requerir tiempo, ofrecen una forma menos punitiva y más sistemática de resolver disputas, comparativamente con los procesos penales, que a menudo son más complicados y no garantizan soluciones.

Al concluir la charla, quedó claro que el tema de las ocupaciones ilegales requiere una respuesta legal equilibrada que considere todos los derechos afectados y busque soluciones que minimicen el conflicto.

La información compartida permitió a los oficiales de policía comprender mejor las herramientas legales a su disposición, resaltando la necesidad de abordar estos desafíos de manera informada y justa.