El pasado 28 de febrero de 2014 entró en vigor la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares, publicada en el BOIB núm. 166, de 30 de noviembre de 2013.

Esta nueva ley balear 7/2013 deroga la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividades de las Islas Baleares, que de hecho se encontraba en una situación de provisionalidad desde las últimas modificaciones realizadas por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre y el Decreto-ley 7/2012, de 15 de junio.

En este primer post sobre la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, se expone el régimen de las actividades que quedan sujetas a la misma, así como su clasificación básica, determinante del régimen jurídico de implantación y de comienzo de su ejercicio al cual quedan sometidas.

1.- Actividades que quedan sometidas a la ley:

Quedan sometidas a esta ley todas las actividades y las infraestructuras comunes susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos a las personas o a los bienes, que se desarrollen o se ubiquen en las Islas Baleares.

Este sometimiento es independiente de las siguientes circunstancias:

-que las personas titulares o promotoras sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas;

-que tengan o no finalidad lucrativa;

-que se hagan en instalaciones fijas, portátiles o desmontables;

-que se lleven a cabo de manera habitual o esporádica;

-que se desarrollen en espacios abiertos o cercados.

*En el concepto de Actividad, la ley incluye:

-el conjunto de operaciones o explotación de carácter agrario, industrial, minero, comercial, de servicio, ocio o similar que se lleva a cabo en un determinado establecimiento físico y que está integrado por una o más instalaciones técnicas.

– las actividades itinerantes y las que se desarrollan de manera puntual en un establecimiento físico, al aire libre y/o abierto, y las que transcurran por un recorrido predeterminado.

*Por “Infraestructuras comunes” la ley entiende las instalaciones técnicas y las zonas de un edificio o de un conjunto de edificios que dan servicio a establecimientos físicos susceptibles de actividades por determinar o a actividades.

Estas infraestructuras comunes condicionan en cada establecimiento físico el abanico de usos posibles y los parámetros o las características mínimas o máximas de las actividades que pueden ser soportadas, los cuales se tienen que fijar en el proyecto de actividad.

2.- Actividades que quedan excluidas de la ley:

Hay no obstante un conjunto de actividades que la ley excluye de su ámbito de aplicación y que son las siguientes:

a) Las actividades expresamente excluidas por una ley estatal o autonómica.

b) Las actividades afectas a la defensa nacional, a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuerpos de la policía autonómica, a los de la policía local, a instituciones penitenciarias y las que acrediten documentalmente las normas o los tratados que amparan su derecho a la exclusión.

c) Los aparcamientos vinculados a una única vivienda. No se excluyen del ámbito de aplicación los aparcamientos donde haya infraestructuras comunes.

d) Las instalaciones técnicas no vinculadas a una actividad y las vinculadas a viviendas.

e) La instalación de placas solares térmicas y fotovoltaicas, antenas de telefonía móvil, estaciones base de telefonía móvil y similares, excepto las situadas en edificios catalogados o que tengan impacto en el patrimonio historicoartístico, y las que necesiten una evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la Ley 11/2006, de 14 de septiembre.

f) Estancias turísticas en viviendas.

g) Oficinas administrativas de despachos profesionales que pertenecen a la vivienda, de menos de 50 m2 útiles afectos a la actividad.

h) Las actividades relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas a que se refiere el artículo 21 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares, que se regirán por su normativa específica, salvo que se trate de actividades sujetas a una evaluación de impacto ambiental de acuerdo con su normativa reguladora.

No obstante, se aplicarán los procedimientos previstos en esta ley a las actividades relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas a que se refiere el artículo 21 de la Ley del suelo rústico cuando requieran una evaluación de impacto ambiental de acuerdo con su norma reguladora.

i) Las modalidades de venta ambulante.

También quedan excluidas de la aplicación de la ley:

– Los actos esporádicos o eventuales, de carácter privado o familiar, siempre que no sean abiertos a concurrencia pública y que no tengan lugar en establecimientos físicos o espacios públicos.

-Los actos esporádicos o eventuales de carácter educativo que se celebren en centros vinculados a la enseñanza.

-Los actos que supongan el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados a la Constitución Española.

3.- Clasificación de las actividades sometidas a la ley:

La clasificación de las actividades que quedan sometidas a la ley es muy importante en la medida que a partir de ella se determina el régimen jurídico de su implantación y del comienzo de su ejercicio.

De este modo, la ley lleva a cabo una distinción inicial básica entre:

1.- Actividades sujetas al régimen de autorizaciones ambientales integradas de acuerdo con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. La tramitación de los expedientes relativos a estas autorizaciones se regirá por lo que dispone el título VII de la Ley 7/2013.

2.- Resto de actividades NO sujetas al régimen de autorizaciones ambientales integradas, que se clasifican en 3 grandes grupos, según sus características y los criterios de estabilidad en la ubicación y de permanencia en el tiempo y el espacio:

a) Actividades permanentes: son las que se hacen con una duración indeterminada y que disponen de una infraestructura y un emplazamiento estables. La tramitación de los expedientes relativos a estas actividades se regirá por lo que dispone el título IV de la Ley 7/2013.

b) Actividades no permanentes: son las que se hacen de manera puntual en un establecimiento físico, lugar o recorrido concreto y con una duración predeterminada. En todo caso, la duración en el tiempo será la imprescindible para llevar a cabo la actividad. La tramitación de los expedientes relativos a estas actividades se regirá por lo que dispone el título VI de la Ley 7/2013.

c) Actividades itinerantes: son las de entretenimiento y ocio que se hacen mediante instalaciones técnicas, aparatos, atracciones, circos o similares, que son permanentes en el tiempo pero itinerantes en el espacio y que se ubican en diferentes emplazamientos, con una provisionalidad en cada uno de estos inferior a tres meses. La tramitación de los expedientes relativos a estas actividades se regirá por lo que dispone el título V de la Ley 7/2013.

Francesc Segura

fsegura@consultingdms.com

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