Ha dado un varapalo a la agencia tributaria de las islas (ATIB) al considerar que ha estado cobrando de más a través del Impuesto de Sucesiones en los casos en los que se extinguía un usufructo heredado, una situación muy habitual. Las cantidades que la Hacienda autonómica ha estado liquidando en muchos de estos casos, declaradas ahora contrarias a «la legalidad del ordenamiento jurídico», han llegado a alcanzar los 75.000 euros, y ahora deberán de ser devueltas a los contribuyentes, además de los correspondientes intereses, en el caso de que hubiera sido recurridas.

Esta sentencia ha sido obtenida por nuestro socio y abogado, Alejandro del Campo, que ya logró que el Tribunal de la Unión Europea anulara el modelo 720 creado por el que fuera ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.