El pasado 26 de febrero de 2026, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una noticia de alto impacto para el mercado inmobiliario: la no convalidación del decreto ley denominado «escudo social».

Esta decisión marca un punto de inflexión que pone fin a un periodo de excepcionalidad legal y reactiva procesos que habían quedado congelados en el tiempo.

I.- El vacío de la medida extraordinaria

Con la caída de este decreto, desaparece la suspensión extraordinaria de los lanzamientos. Es importante matizar que la suspensión ordinaria (recogida en los artículos 441.5, 6 y 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) continúa vigente. Esta suspensión ordinaria puede implicar, en casos de vulnerabilidad económica, la suspensión de los lanzamientos hasta dos meses en el caso de personas físicas y cuatro meses en el de personas jurídicas. Sin embargo, la protección adicional que nació con la pandemia llega a su fin.

Resulta difícil defender que una medida extraordinaria nacida por la crisis de la COVID-19 pueda tener una naturaleza indefinida. Después de casi seis años de duración, mantener la suspensión de los procesos judiciales sin fecha de caducidad había comenzado a desvirtuar el sistema; no tiene sentido jurídico ni económico suspender indefinidamente los procedimientos, ya que la temporalidad es la esencia de cualquier medida de urgencia.

II.- Seguridad jurídica vs. Derecho a la vivienda

A menudo se intenta simplificar este conflicto como una «batalla de buenos y malos», pero la realidad del mercado inmobiliario es mucho más compleja. Para que el mercado del alquiler funcione y sea accesible, es vital generar confianza y seguridad jurídica.

Uno de los efectos secundarios más perversos de la incertidumbre ha sido la reacción de ciertas ONG y Fundaciones. Algunas de estas entidades han dejado de alquilar viviendas a familias con menores por miedo a no poder recuperar la posesión del inmueble en caso de necesidad, bloqueando así la rotación de las viviendas sociales e impidiendo que cumplan su finalidad fundacional.

III.- La especificidad balear y su impacto (embudo) en el servicio de justicia.

Los datos nos sitúan en un escenario crítico, especialmente en las Illes Balears. Según el informe del CES, en el año 2024 el 30% de la población balear vivía de alquiler, la tasa más alta de todo el Estado.
A pesar de esta presión, sufrimos una alarmante falta de datos: el CGPJ solo contabiliza las ejecuciones realizadas, pero no existen estadísticas oficiales sobre el volumen real de procedimientos y lanzamientos que han sido suspendidos durante estos años. Esta opacidad hace temer un posible embudo en los servicios de notificaciones y en la comisión judicial cuando todos estos expedientes se reactiven de golpe.

IV.- Hacia un nuevo consenso

La solución no puede pasar solo por la suspensión de desahucios, sino por políticas estructurales:

• Ampliación del parque público: España solo tiene un 2% de vivienda pública, una cifra ridícula si la comparamos con el 9% de media europea o el 20-30% de países como Austria o los Países Bajos.
  
• Nuevos consensos económicos: Es necesario replantear el uso comercial de la vivienda. Esto implica que diversos sectores (alquiler turístico, grandes inversores, segundas residencias) tendrán que hacer renuncias para equilibrar el mercado.

V.- Consejos para las partes implicadas

Ante este nuevo escenario, el asesoramiento profesional es más necesario que nunca.

• Para los propietarios: Puede ser muy interesante buscar acuerdos con los arrendatarios. Renunciar a reclamar las rentas pendientes a cambio de una entrega inmediata de llaves puede ahorrar costes judiciales, evitar situaciones de tensión y permitir recuperar la posesión de la vivienda antes que por la vía ejecutiva.

• Para los arrendatarios: Aunque pueda parecer difícil encontrar ventajas en un acuerdo de este tipo dada la situación del mercado inmobiliario, la condonación de la deuda puede ser un beneficio a tener en cuenta. Evitar arrastrar una deuda durante años permite sanear el historial crediticio y facilita el acceso a futuros contratos o financiación, evitando una mochila financiera que podría durar décadas.